Publicaciones como el DOGC o el BOE, divulgan a diario miles de multas, sanciones, y notificaciones. Son informaciones críticas y no deseadas que a menudo acaban por indexarse en Google. Exponen escenarios de conflicto y problemáticas que lastiman seriamente la imagen de terceros. En el caso de empresas puede traducirse en desconfianza de clientes, pérdida de facturación o descenso de la proyección pública.
Si el afectado es una persona física el daño puede ser aún mayor: Imposibilidad para encontrar un empleo, dificultad para la reinserción social son algunas de las consecuencias de que Google muestre al mundo un problema legal asociado a tu nombre y apellidos.
Cuando esta información es judicial el daño y dificultad aumenta ya que el solicitante deberá argumentar que ya ha pagado por el daño supuestamente causado o que su causa legal ha llegado a su fin. Es lo que se conoce como la “cancelación de expedientes en Internet” un derecho raramente respetado por las instituciones públicas quienes no siempre atienden a los problemas en el mundo online.
Eliminar estas notificaciones suele ser un proceso largo pero con algunas posibilidades. Aunque el sector público es reacio a eliminar sus propias comunicaciones existen empresas dedicadas a la gestión de la reputación digital logran negociar protocolos de desindexación invisibilizando el contenido aún y cuando este sigue vivo en papel.
El tiempo transcurrido, el carácter obsoleto de la comunicación, la reparación o no de la infracción causada pueden ser algunas variables que inclinen a la eliminación.
Las distintas normativas en materia de Derecho al Olvido pueden constituir una base argumental para argumentar la necesidad de que una sanción ya resuelta no se convierta en un estigma para el ciudadano.
